Historia

El concepto de Protección y Defensa fue lanzado por primera vez por una serie de emisiones de noticias en la televisión local, realizadas por Geraldo Rivera para la afiliada de ABC News en la ciudad de Nueva York. El informe de investigación de Rivera mostró el abuso, el abandono y la falta de programación en Willowbrook, una institución estatal para personas con retraso mental en Staten Island.

Estas emisiones impulsaron al senador principal del estado, Jacob Javitts, a tomar medidas para la incorporación de los Sistemas P&A en la renovación de la legislación federal referida a discapacidades del desarrollo, promulgada en 1975. Si bien sus mandatos se ampliaron a nivel de la ley, los Sistemas P&A originalmente tenían la intención de proteger de los abusos y el abandono a las personas que se encontraban en centros para retraso mental.

La Red Nacional de Derechos para Personas con Discapacidades (anteriormente la Asociación Nacional de Sistemas de Protección y Defensa [NAPAS]) se estableció por primera vez en 1980 después de que varios Directores Ejecutivos vieran la necesidad de representación en Washington en nombre de sus programas.

En 1984, la NAPAS trabajó con éxito para expandir el Programa de Asistencia al Cliente (CAP), que brinda servicios de defensa a los clientes de las agencias estatales de Rehabilitación Vocacional (Vocational Rehabilitation, VR). Como resultado, se les adjudicó un mandato a estos programas en todos los estados, y más de la mitad de los Sistemas estatales de P&A se designaron para brindar también servicios CAP.

Ese mismo año, el Congreso volvió a renovar la ley de discapacidades del desarrollo, reforzando su autoridad para interceder en asuntos de atención institucional inapropiada.

Dos años más tarde, el Congreso designó los Sistemas P&A para defender también a las personas que padecían una discapacidad como consecuencia de una enfermedad mental. En el transcurso de solamente diez años, el respaldo federal para la defensa de las personas con discapacidades se expandió desde un pequeño foco inicial en la atención institucional que se brindaba a las personas en centros para retraso mental, hasta incluir servicios de defensa para personas con enfermedades mentales y clientes de agencias de rehabilitación vocacional. En varios estados, este programa de financiamiento federal ha atraído apoyo adicional local, estatal y privado, para extender sus servicios a todas las personas con discapacidades, independientemente de la naturaleza o gravedad de estas discapacidades.

Durante la década, la NDRN se ha convertido en una fuerza para el cambio positivo en la comunidad nacional de personas con discapacidades, desempeñando una función de envergadura en la expansión de los Servicios de Protección y Defensa al transmitir las inquietudes colectivas a la Oficina de Discapacidades del Desarrollo, así como a los propios contratistas.

Las conferencias anuales nacionales de P&A fueron clave para este desarrollo de la Red, así como el hecho de que en estos encuentros los administradores descubrieron por primera vez en qué medida compartían problemas en común y aprendieron a valorar la experiencia que habían desarrollado en conjunto al conocerse.

Con el uso continuo de las reautorizaciones subsiguientes de sus programas, la NDRN siguió encontrando nuevas oportunidades de expandir la elegibilidad y los recursos del programa. En una sección poco conocida de la Ley de Rehabilitación, se hizo referencia a un Sistema de Protección y Defensa de los Derechos Individuales. La NDRN convenció a la Administración de Servicios de Rehabilitación (Rehabilitation Services Admnistration, RSA) para que demostrara la utilidad de que los P&A recibieran fondos a fin de brindar servicios de defensa a todas las personas con discapacidades que no fueran elegibles para los otros programas (discapacidades del desarrollo [developmental disabilities, DD], enfermedades mentales [mentally ill, MI] y CAP). Tras la demostración de tres años, la Ley de Rehabilitación fue enmendada para crear un nuevo programa de subvenciones de fórmula (Protección y Defensa de los Derechos Individuales [Protection and Advocacy of Individual Rights, PAIR]) creado después que los otros programas.

En 1993, el Congreso reautorizó la Ley de Tecnología Asistencial (Assistive Technology, AT) de 1988. La ley estableció una serie de proyectos de AT estatales, que habían surgido durante los últimos cinco años. De acuerdo con informes del Consejo Nacional de Discapacidad, la NDRN pudo asegurar los fondos para los subcontratos de proyectos de AT para cada P&A, a fin de prestar servicios de defensa con base legal sobre temas de tecnología asistencial a individuos con discapacidades.

En 1999, la comunidad de personas con discapacidades inició una campaña para aprobar la Ley de Implementación de Vale Laboral e Incentivo de Trabajo (Ticket to Work and Work Incentive Implementation Act, TWWIIA), que ayuda a los beneficiarios del Seguro Social a volver a sus trabajos e incluye un programa P&A para asistir a quienes recibieron beneficios SSDI o SSI y desean volver al trabajo.

En la Ley de Salud Infantil del año 2000 se incluyeron dos disposiciones importantes para el Sistema P&A. En primer lugar, se expandió el programa de Protección y Defensa para Personas con Enfermedades Mentales (Protection and Advocacy for Individuals with Mental Illness, PAIMI) para abarcar a las personas de la comunidad que padecían enfermedades mentales. En segundo lugar, el Congreso autorizó el nuevo programa P&A para personas con lesiones cerebrales traumáticas (traumatic brain injury, TBI).

Más recientemente, se creó el programa de Protección y Defensa para el Acceso al Voto (Protection & Advocacy for Voting Rights, PAVA) en 2002, cuando el Congreso promulgó la Ley ‘Ayuda a América a Votar’ (Help America Vote Act, HAVA). El PAVA permite a los P&A asegurar el acceso a las elecciones a una amplia gama de individuos con discapacidades (incluidas, entre otras, personas con discapacidades mentales, sensoriales y físicas) de acuerdo con el amplio mandato del Congreso de “asegurar la plena participación en el proceso electoral a los individuos con discapacidades, incluidos el registrarse para votar, realizar el voto y acceder a los sitios de escrutinio”.